La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada, la que fue acordada con la prevención del Ministro Sergio Muñoz.
El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 3 y 24.
El máximo Tribunal concluyó que, no existió impedimento para aplicar las normas de tutela a los funcionarios de la Administración del Estado.
La Corte de Apelaciones de Iquique indicó en su sentencia que las diversas actuaciones de las autoridades recurridas, que se tachó como ilegales, no lo son.
Máximo Tribunal enfatizó en que la acción de protección no es una instancia declarativa de derechos sino de cautela de aquellas garantías preexistentes.
Concluyó la CGR manifestando que al tratarse de una organización de carácter civil, un club aéreo privado no puede hacer uso permanente de recintos militares como el de la especie, por lo que corresponde que el Ejército adopte las medidas que procedan al efecto.
La Corte Suprema señaló que, la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa
Recurrente estimó vulnerado su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, así como su derecho a la propiedad
Corte de Santiago descartó que los hechos se enmarquen en una amenaza o vulneración a las garantías protegidas por el artículo 21 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Concepción indicó que, no resultó posible concluir que existió un acto arbitrario o ilegal.
