La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que el recurrente padece de una enfermedad de carácter psiquiátrico que le impide realizar funciones correspondientes a la institución de la que forma parte.
Corte de La Serena indicó que mantener tal acto administrativo vigente y que mantiene vicios formales, vulnera el derecho de propiedad de las recurrentes.
Corte de Copiapó indicó que no existen antecedentes fácticos que sustenten la acción de los docentes.
La Corte de Punta Arenas indicó que, no se advirtió ilegalidad ni arbitrariedad en los actos en que se fundamentó la acción constitucional.
La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Carlos Aránguiz, quien fue de parecer de confirmar la sentencia en alzada de acuerdo a sus propios fundamentos.
La Corte de Santiago indicó en su sentencia que, no divisó una ilegalidad o arbitrariedad en los actos objeto del recurso.
Máximo tribunal indicó que el actuar del órgano administrativo se encuentra dentro de sus facultades.
Máximo Tribunal indicó que el actuar del órgano recurrido vulneró la igualdad ante la ley.
La Corte de Apelaciones de Arica indicó que el acto ilegal y arbitrario vulneró la garantía constitucional prevista en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Concepción indicó que, el sumario administrativo que sancionó al recurrente, fue tramitado conforme a la reglamentación existente y aplicable.
