Máximo Tribunal indicó que la aplicación de normas derogadas por la autoridad administrativa implica una discriminación arbitraria a hijos no matrimoniales.
Recurrente estimó vulnerada la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.
La Corte de Coyhaique indicó que, si bien la recurrida fundó la resolución mediante la cual puso término anticipado a la contrata de la recurrente, en el decreto respectivo, dichos fundamentos los sustentó en situaciones de hecho erradas e inexactas.
Corte de Rancagua señaló que actuar del organismo público vulneró el derecho de propiedad del recurrente.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt indicó en su sentencia que la arbitrariedad denunciada por el actor no concurrió en la especie.
Corte de Talca señaló que no pueden estimarse vulneradas las garantías constitucionales del recurrente mientras se encuentren pendientes ambos procesos administrativos.
La Corte de Santiago indicó que, se afectó el derecho del recurrente, de someter en el más breve plazo al conocimiento de la autoridad pertinente su requerimiento de reconocerle la calidad de refugiado.
Corte de San Miguel señaló que hechos denunciados superan con creces el plazo para interponer la acción.
La Corte Suprema revocó la sentencia apelada señalando que eventualmente se puede constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
Corte estimó vulneradas las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República
