La Corte de Santiago indicó que, la Resolución Exenta N° 122, resultó ilegal y arbitraria.
La Corte Suprema señaló que, la justificación dada por la autoridad para, ahora, rechazar la solicitud de autorización de uso y disposición de medicamento es arbitraria.
Máximo Tribunal señaló que se infringió el principio de reformar la sanción en perjuicio.
El Tribunal de Alzada indicó que, no habiéndose expedido el Decreto Supremo que resuelva la concesión ni el respectivo contrato, solo existió una mera expectativa del recurrente, que no constituye derecho.
El Tribunal de Alzada indicó que la solicitud del recurrente no mereció reproche de ilegalidad o arbitrariedad alguna, no concurriendo en la especie el primero de los presupuestos previstos en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental que permitan hacer lugar al recurso.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2 y 24.
El Tribunal de Alzada indicó que, no se advirtió la existencia de un motivo plausible para negar la visación requerida.
La Corte de Concepción indicó que, claramente lo resuelto por el Departamento Contralor de Salud es arbitrario, infundado y carente de razonabilidad.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministro María Eugenia Sandoval, quien fue de parecer de revocar el fallo en alzada que acogió el recurso de protección.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró que, se pretendió en la acción constitucional ejercida por la empresa Inversiones y Comercio Capellán S.A que la Corte, de una forma u otra, declare que no hubo incumplimiento contractual de su parte, cuestión que es totalmente ajena a la naturaleza y objetivo de un recurso de protección.
