Recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 17, 24 y 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
La Corte de Puerto Montt indicó que, el acto impugnado adoleció de arbitrariedad en cuanto no se hizo cargo de un análisis exhaustivo y subjetivo del caso en cuestión.
La Corte Suprema por su parte, revocó la sentencia apelada y dispuso que en síntesis que, es posible concluir que el acto recurrido es ilegal y arbitrario.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 21 y 24 de la Constitución.
La autoridad recurrida, de acuerdo con el Estatuto Administrativo, se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente.
La Corte Suprema señaló que la autoridad recurrida actuó explicitando sus motivos y con pleno apego a la normativa legal.
La sentencia revocatoria fue acordada con los votos en contra del Ministro Carlos Aránguiz y del Abogado Integrante Antonio Barra.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra María Eugenia Sandoval y el Abogado Integrante Julio Pallavicini, quienes fueron de parecer de revocar el fallo en alzada y, en su lugar, rechazar el recurso de protección interpuesto, teniendo presente para ello sus propios razonamientos.
La Corte de Santiago indicó que, los hechos descritos en la presentación de folio 1 ya están siendo conocidos por un Tribunal, ante el cual se podrán hacer las alegaciones pertinentes y deducir los recursos que procedan.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías de los numerales 1, 2, 3 inciso quinto, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
