Como han puesto de relieve múltiples organismos y organizaciones internacionales, en un contexto de crisis climática estamos enfrentados a otros tipos de movilidades humanas, más allá de las producidas por la violencia y el conflicto, que muestran la necesidad de comprender el desplazamiento forzado interno de manera más amplia.

La reautorización, ahora conocida como la Ley de Reforma de la Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, establece ciertas modificaciones destinadas a mitigar las preocupaciones en torno a las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses.

No se produjo ninguna privación retroactiva de las subvenciones. El sistema no había fijado un rendimiento específico de la inversión. Por el contrario, había sido flexible y podía reaccionar a los cambios en el entorno comercial. No se creó una “expectativa legítima” de que el retorno de la inversión seguiría siendo el mismo durante toda la vida útil de la instalación.

El grupo de trabajo sobre Inteligencia Artificial del Colegio de Abogados de Nueva York (NYSBA Task Force on Artificial Intelligence), formula recomendaciones sobre el impacto legal, social y ético de la Inteligencia Artificial y la Inteligencia Artificial generativa en el ejercicio profesional.

En ausencia de prueba directa, es posible recurrir a la prueba circunstancial, indirecta o indiciaria, de modo que a través de esta clase de prueba es posible declarar probado un hecho principal mediante un razonamiento construido sobre la base de otros hechos, los indicios, que deben reunir una serie de condiciones o requisitos.

Algunas de las temáticas que se abordaron fueron: género, niñeces, adolescencias y juventudes, pueblos originarios, derechos humanos, crisis climática, transición energética, brechas en los derechos de acceso, y violencia contra personas defensoras ambientales en Latinoamérica, entre otras, dando cuenta del interés de la sociedad civil y pueblos originarios por la necesidad de impulsar una implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú.

Se cumplen 35 años del precedente en el que la Corte Suprema de Justicia confirmó que Alfredo Portillo debía realizar el servicio militar obligatorio, pero bajo el respeto de sus creencias religiosas y, por lo tanto, sin usar armas de fuego.

Contempla la prohibición de la venta de tabaco a personas nacidas después del 1 de enero de 2009, lo que efectivamente impediría que las futuras generaciones accedan a este producto. Asimismo, se establecerían sanciones pecuniarias inmediatas para los comerciantes que vendan cigarrillos y dispositivos de vaporización a menores de edad.

La reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en el caso Gutiérrez Navas y Otros vs. Honduras, pone de relieve un caso en donde el Poder Ejecutivo realizó un ataque frontal a la independencia del Poder Judicial hondureño destituyendo a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de Honduras.

Solicitó eliminar las URLs de la lista de resultados de Google, para así borrar esta mancha en su expediente en la red, pero los enlaces cuyo bloqueo se solicita están amparados por el derecho fundamental a la libertad de expresión.