La iniciativa entrega herramientas para enfrentar de manera conjunta con la comunidad escolar, junto a padres y apoderados, la violencia que se ha presentado postpandemia y que ha afectado gravemente a los estudiantes.
La iniciativa introduce modificaciones a la ley N° 19.880 con el fin, por un lado, de aumentar el plazo de interposición de los recursos administrativos de reposición y jerárquico y, por el otro, para asegurar la doble instancia efectiva respecto de aquellas resoluciones que sean objeto de recurso jerárquico.
Las demandas de salud constituyeron uno de los elementos esenciales del estallido social de 2019, ya que existe descontento de la población, relacionado con la persistencia de inequidades en salud, las dificultades para acceder a medicamentos y atenciones oportunas
Son utilizados por el crimen organizado transnacional, dado la dificultad de acceder al sistema financiero formal y habitualmente son objeto material del delito de lavado de activos, por lo que resulta de la mayor importancia desarticular su capacidad operativa.
Según datos del Banco Mundial, a marzo de 2021, aproximadamente 1000 millones de habitantes son personas con discapacidad.
En el año 1996, la activista feminista sudafricana Diana Rusell impulsó el concepto de “suicidio femicida”, para tratar aquellos casos de mujeres que deciden poner fin a sus vidas, por causa de distintas situaciones de violencia de género de las que han sido víctimas.
Dentro de los cambios que fueron aprobados por la Comisión de Salud está garantizar que estos pacientes puedan acceder a medicamentos convencionales y también a la medicina herbaria.
La indicación se enmarca dentro del proyecto que busca mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado.
La iniciativa modifica la Ley N° 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, para sancionar la elaboración y divulgación de información falsas referida al plebiscito del próximo 4 de septiembre.
La iniciativa advierte sobre las cifras relativas a abusos a adolescentes en el último tiempo, especialmente durante la pandemia por las circunstancias de confinamiento: Estudio de 2019, revela que el 26% de los adolescentes chilenos relata haber sufrido algún tipo de victimización sexual.
El texto, enviado ahora a segundo trámite, contempla una disposición transitoria que hace aplicable la derogación de la ley, solo cuando la reemplace otra normativa para el sector. Para dicho proceso se fijan dos años como límite.
