Se hace urgente avanzar en una regulación que permita viajar con mascotas sin que aquello quede supeditado a normas ambiguas o al criterio del conductor.
Las infracciones gravísimas recibirán multas de hasta 5 mil UTM. Entre estas conductas se encuentran alterar la denominación de origen, rotulación, la composición etílica y la mezcla de uvas no declarada.
Así lo dio a conocer la presidenta del Senado, Ximena Rincón, al término de la reunión de los comités que definieron la tabla que se tratará en las sesiones de martes y miércoles, y en la especial del jueves. Por su parte, el senador Rodrigo Galilea afirmó que «muchos legisladores consideran que ambos proyectos ameritan perfeccionamientos antes de someterlos a la Sala».
Esa pregunta se han hecho los integrantes de la Comisión de Minería del Senado y los invitados que han analizado la propuesta originada en la Cámara Baja. Las opiniones se recibirán en el proceso de escucha ya iniciado.
El intento de establecer plebiscitos dirimentes supone de desconocer el texto constitucional y el acuerdo político que fijó las reglas las funcionamiento del órgano constituyente.
La Comisión de Gobierno respaldó el proyecto que recibió una indicación sustitutiva del Ejecutivo con informe financiero, por lo que –antes de ser visto por Sala- será analizado por Comisión de Hacienda.
La iniciativa nace a raíz del último informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el cual da cuenta de graves problemas de competitividad en el mercado de distribución y comercialización de este combustible esencial para el desarrollo de diferentes actividades.
La iniciativa toma como referencia el espacio cultural nacido al alero de la oficina parlamentaria del Diputado Gabriel Boric, el cual se constituyó como un espacio dedicado a la cultura y un lugar de encuentro para las organizaciones de la sociedad civil de Magallanes.
Esta práctica, que consiste en remover el condón sin consultar, o hacerlo incluso ante la negativa de la pareja con la que se mantienen relaciones sexuales, se ha extendido a tal punto que diversos sistemas jurídicos han dado respuesta a nivel judicial o legislativo.
La iniciativa busca consagrar, tanto para trabajadores públicos como privados, el derecho a desconectarse digitalmente fuera de los horarios de jornada laboral.
