En la actualidad, el órgano fiscalizador solo puede instruir la celebración de una junta general de socios, lo cual claramente no es una sanción idónea y suficiente.
Así lo establece una moción de los senadores Juan Castro, Rodrigo Galilea, Rafael Prohens, Kenneth Pugh y David Sandoval, quienes señalan que «es importante considerar que la supresión y reemplazo de símbolos patrios como la bandera o el himno nacional, solo ocurren en medio de eventos históricos traumáticos en las sociedades, caracterizados estos por la generación de inestabilidad y sus altas cuotas de incertidumbre”.
En la instancia, también expuso la Defensoría Nacional que entregó una cifra global de acuerdo a los delitos que se contemplan en el proyecto, mientras que la Fiscalía Nacional planteó que» de acuerdo a la redacción de la iniciativa es difícil establecer con claridad el número de personas».
Además, prohíbe lanzar colillas en la vía pública y modifica la normativa de fabricación de cigarrillos, para facilitar su reciclaje o reutilización. El proyecto contempla multas que van desde los 50 mil a los 200 mil pesos.
Durante la jornada se debatió extensamente sobre programas de no discriminación en el Estado y la falta de una institucionalidad especializada que vele por el cumplimiento de la ley.
En la primera jornada dieron cuenta los senadores y senadoras informantes de las Comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Constitución, además del ministro de OOPP y diversos parlamentarios. La instancia continuará la discusión en una próxima sesión.
La iniciativa, aprobada por la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, busca establecer que instituciones públicas y privadas empleen elementos de protección transparentes en la zona de la boca para permitir la lectura de los labios por parte de la población sorda.
La Comisión Especial de Mujer y Equidad de Género ha escuchado las visiones del Observatorio contra el Acoso; de la Asociación de Abogadas Feministas; de la Corporación Humanas; además de académicas y expertas en la materia.
De acuerdo a la iniciativa, “las prestaciones de salud presentan significativas diferencias dependiendo del lugar al que se acuda, haciendo notar la carencia de una regulación sobre la materia, permitiendo que cada institución de salud privada fije sus precios atendiendo a factores del mercado”.
Se trata de incentivar la participación electoral que ha disminuido de manera constante desde 1989 a la fecha.
