La iniciativa modifica el Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional sobre Municipalidades, para reducir de un año a treinta días el plazo de renuncia que se exige a los consejeros regionales para postular al cargo de concejal en elecciones municipales.
La iniciativa busca imponer a los productores y distribuidores de agua embotellada la obligación de utilizar, en la elaboración de dicho producto y en su sistema de envasado, mecanismos y materiales, que permitan disminuir la concentración de microplásticos y evitar el desprendimiento de este tipo de partículas desde la tapa hacia el agua contenida en el cuerpo del envase.
La iniciativa modifica la Ley Nº19.640, Orgánica Constitucional sobre el Ministerio Público, para entregarle al Fiscal Nacional la facultad exclusiva de solicitar la formalización de la investigación respecto de los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, del General Director de Carabineros, Director General de la Policía de Investigaciones, del Director de Gendarmería de Chile u otras autoridades que se desempeñen en cargos de similar naturaleza y que resulten imputados de un delito.
La iniciativa plantea que el proyecto de ley analizado aborda un problema crítico en la sociedad contemporánea: la proliferación de noticias falsas y desinformación, a través de la extensión del deber de veracidad a figuras públicas y la estipulación de consecuencias procesales específicas que busca fortalecer la integridad y la transparencia en la comunicación pública.
El proyecto de ley, que modifica normas sobre protección de los derechos de los consumidores, cumple su segundo trámite constitucional y se encuentra en tabla para ser analizado por la Sala del Senado.
La Sala de Cámara aprobó en particular la iniciativa que busca prevenir la violencia contra las y los comunicadores.
Tres son las mociones que comenzaron su trámite legislativo en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara.
Esto luego que la comisión especializada diera su respaldo a la moción que apunta a regular la forma y circunstancia en que los uniformados –en tiempos de paz- deben resguardar la seguridad y orden empleando sus armas.
La moción obliga a las más altas autoridades del país a someterse a un examen de identificación de uso y consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, en el plazo de 30 días, desde su entrada en vigencia, y sanciona con la cesación inmediata en el cargo si el examen resultare positivo.
El proyecto se despachó al Senado a tercer trámite. Su objetivo es garantizar la continuidad en el cuidado del paciente, estableciendo estándares de información para prestadores públicos y privados.
