A su vez, los senadores de la instancia de Salud analizaron el proyecto que entrega al Estado la obligación de garantizar el acceso universal al condón femenino. La factibilidad de aquello fue revisada con el Minsal.
El rol del Consejo para la Transparencia ha sido esencial pues a través de sus decisiones se ha obligado a las corporaciones municipales a cumplir la normativa vigente con dictámenes ratificados por los tribunales superiores de justicia.
Además, establece que será una circunstancia agravante el que, valiéndose de una bicicleta, scooter, motocicleta, motoneta o bicimoto cometa un delito contra la persona, indemnidad sexual o propiedad de otro.
Dicha renuncia deberán presentarla ante el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva. A contar de la data en que dicho Tribunal tome conocimiento de la renuncia, queda el parlamentario suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.
El personal municipal destinado a estas labores deberá tener la debida autorización para portar y usar armas de fuego como de cualquier otro elemento que les permita evitar un delito en la vía pública o acudir a un llamado vecinal que los alerte de aquello.
La norma que establece la obligación legal de incorporar lugares especiales para la higiene y muda de niños y niñas en los servicios sanitarios, sin distinción de sexo, fue aprobada en general y, por ser objeto de indicaciones, regresó a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.
La Comisión de Fututo aprobó en general la moción que contempla equiparar la presencia femenina en la carrera académica y disciplinas asociadas al desarrollo del conocimiento en nuestro país.
Asimismo, establece multas proporcionales a la magnitud de la lesión, para disuadir la comisión de las infracciones mencionadas, como también la responsabilidad solidaria entre el conductor, propietario o mero tenedor del vehículo involucrado.
Cualquier funcionario público que se encuentre desarrollando una actividad de interés particular, salvo las excepciones legales, no debe recibir un pago del Estado.
La ley del Congreso Nacional regula la declaración de las inadmisibilidades y permite, a pesar de que la mesa de una de las Cámaras, guiada por la Secretaría Técnica, declare la inadmisibilidad, que esta se pueda votar y revertir por mayoría simple, lo que resulta contradictorio al sentido de la iniciativa exclusiva y de la declaración de inadmisibilidad.
