La Corte señala que el informe psicosocial de Gendarmería de Chile, no resulta suficientemente categórico para demostrar que el amparado no presenta «avances en su proceso de reinserción social».
La Corte de Concepción indicó en su oportunidad que, no es posible advertir la existencia de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarios que puedan afectar algunas de las garantías que se reclaman conculcadas y que justifique el ejercicio de esta vía cautelar excepcional.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías enumeradas en el artículo 20.
El amparado considera vulnerado su derecho a la libertad individual.
Pese a la decisión, el máximo Tribunal ordenó al municipio decretar el pago del dinero adeudado.
El recurrido consideró insuficiente la justificación del amparado.
La Corte no se refirió al fondo del asunto, señalando que el amparado no cumple con el tiempo mínimo para acceder al beneficio solicitado.
El fallo del Tribunal de Alzada señaló que, no se verificó la existencia de un acto u omisión arbitrario e ilegal por parte de la recurrida.
Los amparados señalan que eran víctimas de persecusión política en su país.
La Corte consideró que la resolución se encuentra acorde a la ley.
