Los recurrentes sostienen que la actuación del municipio genera una diferencia arbitraria en perjuicio de los locatarios comerciantes del lugar, que implica una prohibición total de ejercer una actividad económica lícita. Además, la medida adoptada carece de proporcionalidad, y afecta en la esencia derechos asegurados por la Constitución.
Resultaba procedente que se comunicaran los cargos al curador ad-litem designado, y luego de ello se discutieran eventualmente medidas cautelares o una internación provisional, lo que no ocurrió.
La decisión adoptada por el municipio se encuentra debidamente fundada y se sustenta en antecedentes de hechos plausibles, teniendo además el Concejo Municipal facultades suficientes para resolver como lo ha hecho.
Entorpece el giro comercial de una constructora que además se encuentra en un proceso de reorganización judicial, lo cual hace imperioso la venta de sus activos para satisfacer los créditos de sus acreedores.
El recurrente reclama de la actuación de un particular, como es la Sociedad Administradora del Terminal Pesquero S.A., en relación a la ejecución de un contrato de arrendamiento.
El reclamante no especifica de qué forma tales medidas puedan afectar la garantía de libertad económica amparada por la Ley 18.971.
No puede imputarse a la SEREMI el mal pasar económico del recurrente, pues son consecuencias de su actuar y de no ajustar sus conductas al marco regulatorio aplicable. No obstante, la SEREMI consideró situaciones como la pandemia y un incendio que lo afectó para reducir la multa en dos oportunidades.
El recurrente solicitó una prórroga del plazo de pago en la Municipalidad, fundado en que habría sido víctima del robo de sus datos bancarios, sin embargo, el ente edilicio rechazó la solicitud, por no existir antecedentes concluyentes que demuestren que la omisión de pago no es imputable a su persona.
La Corte de Santiago deberá conocer la acción constitucional y pronunciarse sobre la misma, pese a negar su tramitación en primera instancia.
No se vislumbra una afectación a la garantía prevista en el artículo 19 N°21 de la Constitución. Además, el ordenamiento jurídico establece otras instancias –jurisdiccionales y proteccionales- para discutir estos asuntos.
Dado que el ordenamiento jurídico le concede una serie de recursos administrativos ante la autoridad sanitaria para poner término la situación descrita.
