La Corte de Punta Arenas indicó en su oportunidad que, no constó del libelo de autos la mención de hechos que puedan constituir vulneración de la garantía invocada por la recurrente.
La recurrente estimó vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 1 y 9 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Santiago indicó que, se contravino de modo evidente el orden jurídico establecido.
La Corte Suprema señaló que, consta en los antecedentes aparejados al proceso que la recurrente se reincorporó a trabajar de manera normal desde el 13 de mayo de 2019, circunstancia que desvirtuó que ésta no sea apta para el cargo por motivos de salud.
El Tribunal de Alzada indicó que la actuación de la Dirección General de Movilización Nacional se enmarcó dentro de las facultades que al efecto previó la Ley de Control de Armas.
La Corte de Chillán indicó que, la negativa a renovar la matrícula a una alumna apareció como desproporcionada y se opone al resguardo que debe darse al derecho a la educación.
La Corte de Arica indicó que, no cabe sino calificar el actuar del Banco recurrido como ilegal y arbitrario.
La Corte de Apelaciones de Concepción indicó que no hay medidas de protección que la Corte pueda adoptar en atención a que lo perseguido escapó del marco del recurso.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 2, 3 inciso 5 y 24 de la Constitución.
La Corte de Apelaciones de Concepción indicó que el derecho de propiedad cuya protección reclamó el recurrente no tiene el carácter de indubitado.
