La Corte Suprema señaló que, resultó inconcuso que los jueces de la segunda instancia, en el caso sub judice, no han dado cumplimiento a los requisitos legales.
La resolución declaró que se ha causado daño ambiental a la vegetación, cauce y suelo de la Quebrada La Loma.
La Corte Suprema señaló que, si la Administración pretendió ejercer la facultad de invalidación de sus actos, debe necesariamente oír al interesado.
La Corte de Santiago indicó que, el reproche de la recurrente más bien apuntó a la valoración de la juez a quo para configurar los indicios.
La FSIA, por sus siglas en inglés, establece una normativa especial que permite demandar a un país extranjero en las Cortes de EEUU, sea estatal o federal, cumpliéndose determinadas circunstancias.
Los reclamantes sostienen que, previo a la aprobación ambiental y ejecución del Proyecto, debió realizarse un proceso de consulta indígena.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Pozo y Silva, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento de autos.
La recurrente estimó vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 2 y 4 de la Constitución Política de la República.
La Corte Suprema señaló que, el fallo impugnado infringió el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil.
El recurrente estimó que se vulneró las garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2, 9 y 24.
