La Corte Suprema señaló que, con negativa de la recurrida esta incurrió en un acto arbitrario que amenazó una garantía fundamental.
La Corte de San Miguel indicó en su sentencia que, es posible concluir que la actuación de la recurrida, fue ilegal ya que no se ajustó al procedimiento contenido en el Estatuto Tipo.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 16 y 24.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 18 y 24.
La Corte de Punta Arenas indicó en su oportunidad que, no constó del libelo de autos la mención de hechos que puedan constituir vulneración de la garantía invocada por la recurrente.
La recurrente estimó vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 1 y 9 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Santiago indicó que, se contravino de modo evidente el orden jurídico establecido.
La Corte de Apelaciones de Concepción indicó que no hay medidas de protección que la Corte pueda adoptar en atención a que lo perseguido escapó del marco del recurso.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 2, 3 inciso 5 y 24 de la Constitución.
El Tribunal de Alzada indicó que la actuación de la Dirección General de Movilización Nacional se enmarcó dentro de las facultades que al efecto previó la Ley de Control de Armas.
