La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

El Tribunal de Alzada indicó que, el corto plazo de la duración del vínculo, no hace posible sugerir la existencia de lo que se denominó confianza legítima.

El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 24.

Se acogió el recurso de protección con el sólo objeto de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles emita el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto del reclamo presentado ante ella por el recurrente.

La sentencia fue acordada con la prevención del Ministro Sergio Muñoz.

La Corte Suprema señaló que, no se advirtió que el comportamiento de la recurrida pueda ser ilegal ni arbitrario.

La sentencia fue acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Julio Pallavicini.

Organismo internacional señaló la necesidad de que las políticas sanitarias y restricciones de derechos tengan un enfoque en derechos humanos.

La Corte Suprema señaló que, la medida no se fundó en un procedimiento desarrollado con apego a las garantías del debido proceso.

El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 21 y 24.