La municipalidad había recurrido a esta instancia judicial para oponerse a la decisión del Consejo, alegando la vulneración de la privacidad de los afectados, al obligarlos a entregar antecedentes sobre todos los sumarios iniciados contra funcionarios y ex funcionarios municipales, por maltrato laboral, acoso laboral, acoso sexual y discriminación entre 2017 y 2022. Lo anterior, pese a que el CPLT en su decisión establece que deberán tarjarse todos los datos personales y sensibles de contexto contenidos en la documentación que se entregue.

Además, la Subsecretaría de Derechos Humanos ya proporcionó los informes remitidos por el Ministerio de Justicia a la ACNUDH, en el marco de sus recomendaciones por el estallido social del 2019.

Se rechazaron las alegaciones de la ANI que estuvo por negar la información al considerar que daría a conocer sus líneas de trabajo y funciones. El CPLT estimó que se trata exclusivamente de datos históricos y estadísticos, cuya entrega no repercute negativamente en sus actividades.

En el caso concurre la causal de reserva de indebida distracción prevista en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, pues los escasos funcionarios del DEIS deberían destinar tiempo excesivo en confeccionar un Excel con lo solicitado.

El CPLT precisó que si no fue entregada se proporcionen los antecedentes sobre los nombres de las jefaturas de sus departamentos que se encuentran sujetos a cargos de confianza.

Se trata de los antecedentes que se hayan tenido a la vista para conceder o denegar beneficios intra penitenciarios, como salidas esporádicas o de fin de semana, entre otros, de Celestino Córdova y los primos Tralcal.

No obstante, cumplir con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 20.285, no pudo cerciorarse que lo proporcionado por el INDH corresponde a lo peticionado por el requirente.

A pesar de no tratarse de datos de carácter sensible, el ordenamiento jurídico protege los derechos de los fallecidos –prolongación de su personalidad-, de la cual sus familiares son titulares activados en virtud del derecho de honra, privacidad e intimidad.

El establecimiento de educación superior no precisó la forma en que la entrega podría afectar los derechos de los involucrados.

En la instancia participan las concesionarias de autopistas, empresas aseguradoras, Carabineros de Chile y el Ministerio Público.