La Corte de Rancagua indicó que, no nos encontramos frente a un derecho indubitado a los efectos de actuar de manera cautelar.
La Corte de Santiago indicó que, las situaciones descritas por la recurrente, amparadas por las mensajerías acompañadas al proceso, son suficientes para, razonablemente, presumir la efectividad de los hechos descritos en la acción constitucional deducida.
La Corte de Santiago indicó que, se afectó el derecho del recurrente, de someter en el más breve plazo al conocimiento de la autoridad pertinente su requerimiento de reconocerle la calidad de refugiado.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que, el negarse a sacar dicha estatua tampoco pareció vulnerar precepto legal alguno que se relacione con este tipo de monumentos.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que, el contenido del recurso apuntó a que se habría vulnerado el debido proceso legal, lo que no es materia de protección.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt señaló que, en cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad que se reprochó, esta no apareció en los antecedentes del proceso.
La Corte de Apelaciones de Rancagua indicó en su sentencia que, revisado el contenido de ambas publicaciones, no es posible advertir que ellas aludan a aspectos personales de los recurrentes.
La Corte de Apelaciones de San Miguel señaló que, la preexistencia cierta de la antedicha senda no fue suficientemente acreditada.
El máximo Tribunal español estableció que el plazo aplicable era de quince años.
El máximo Tribunal ibérico indicó que la ausencia de la imprescindible tipicidad supone, en consecuencia, la infracción del artículo 25.1 de la Constitución.
