El máximo Tribunal ibérico consideró que los principios constitucionales que pueden resultar infringidos son el de seguridad jurídica, el de taxatividad de las disposiciones sancionadoras, y el de exigencia de precisión en la determinación de las sanciones de ese mismo precepto constitucional.

La Corte de Punta Arenas indicó que, no se advirtió ilegalidad ni arbitrariedad en los actos en que se fundamentó la acción constitucional.

La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Carlos Aránguiz, quien fue de parecer de confirmar la sentencia en alzada de acuerdo a sus propios fundamentos.

La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Sergio Muñoz, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada de acuerdo a sus propios fundamentos.

La Corte de Santiago indicó en su sentencia que, no divisó una ilegalidad o arbitrariedad en los actos objeto del recurso.

La Corte de San Miguel declaró inadmisible el recurso.

La Corte de Apelaciones de Arica indicó que el acto ilegal y arbitrario vulneró la garantía constitucional prevista en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

La Corte de Concepción indicó que, el sumario administrativo que sancionó al recurrente, fue tramitado conforme a la reglamentación existente y aplicable.

La Corte de Rancagua indicó que, no existió en el proceso elementos de convicción suficiente para estimar acreditado que existió algún acto arbitrario o ilegal.

El Tribunal Supremo de España distinguió entre los activos financieros y los inmovilizados intangibles.