El fallo señala que se trata de la develación de un hecho de relevancia pública, prevaleciendo la libertad de información por sobre el derecho al honor.
El procedimiento llegó a su fin, luego que el SEA y la empresa Minera Teck Quebrada Blanca, como tercero coadyuvante, aceptaran el desistimiento de los reclamantes.
No se acreditó infracción de normas reguladoras de la prueba lo que le impide al tribunal de casación modificar hechos establecidos soberanamente por sentenciadores del grado.
El examen de casación da cuenta que el recurso carece de razonamientos concretos y precisos dirigidos a demostrar errores de derecho de que adolecería el fallo impugnado, limitando su exposición a una enunciación de falta o errónea ponderación de determinados medios de prueba.
El cumplimiento de la normativa urbanística debe ser verificado por el Director de Obras Municipales con anterioridad a la concesión del permiso de construcción.
Indica la Corte que la sentencia que se analiza no ha incurrido en el vicio que se le imputa, atendido la imprescriptibilidad de la deuda, por concepto de obligaciones contraídas por un CAE, está establecida únicamente en favor del Fisco.
La sentencia señala que se configura la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la LOCTC, generando la improcedencia del requerimiento.
El laudo constitucional indica que no se produce una privación del derecho de propiedad y que tampoco se verifica en el caso concreto una vulneración al debido proceso.
La sentencia declara que no hubo acción alguna ejecutada por la Demandada que supusiera la destrucción del patrimonio cultural, o la generación de daño ambiental.
El acuerdo aborda cuatro grandes aspectos para definir las medidas correctivas a implementes: riesgos a terceros, regularización, reforestación y buenas prácticas.
