El máximo Tribunal concluyó que la recurrente incurrió en una omisión? ilegal que posee evidente aptitud para perturbar el derecho de los actores a la propiedad sobre sus remuneraciones.

La recurrente estimó vulnerada sus garantías constitucionales establecidas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

El magistrado Pablo Llarena, dio el 19 de diciembre un plazo de 5 días a las defensas del ex Presidente de la Generalidad de Cataluna, Carles Puigdemont y, al ex Consejero de Salud de la Generalidad de Cataluña, Antoni Comín, para que formulasen las alegaciones que convengan tras la sentencia dictada por el TJUE.

El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2, 3, 21 y 22.

El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2 y 3.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt expresó que, resultó necesario concluir que la víctima del fraude fue el recurrido y no el recurrente.

El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 3 inciso quinto y 24.

El Tribunal de Alzada indicó que, no habiéndose expedido el Decreto Supremo que resuelva la concesión ni el respectivo contrato, solo existió una mera expectativa del recurrente, que no constituye derecho.

El Tribunal de Alzada indicó que la solicitud del recurrente no mereció reproche de ilegalidad o arbitrariedad alguna, no concurriendo en la especie el primero de los presupuestos previstos en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental que permitan hacer lugar al recurso.

La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2 y 24.