El Tribunal de Alzada consideró que dicha arbitrariedad vulneró las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.
La Corte de Santiago indicó que, la Resolución Exenta N° 122, resultó ilegal y arbitraria.
Se estimó que en los hechos no se presentó vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que, el recurso fue presentado más allá del plazo establecido.
La Corte Suprema señaló que, la justificación dada por la autoridad para, ahora, rechazar la solicitud de autorización de uso y disposición de medicamento es arbitraria.
El Tribunal de Alzada indicó que, no se advirtió de modo alguno que la recurrida hubiere incurrido en una conducta ilegal y arbitraria.
La Corte de Concepción declaró no es posible concluir que se hayan vulnerado las garantías constituciones contempladas en el artículo 19 N. º 1, Nº 2, N. º 4 y N. º 24 de la Constitución Política de la República.
El máximo Tribunal concluyó que la recurrente incurrió en una omisión? ilegal que posee evidente aptitud para perturbar el derecho de los actores a la propiedad sobre sus remuneraciones.
La recurrente estimó vulnerada sus garantías constitucionales establecidas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
El magistrado Pablo Llarena, dio el 19 de diciembre un plazo de 5 días a las defensas del ex Presidente de la Generalidad de Cataluna, Carles Puigdemont y, al ex Consejero de Salud de la Generalidad de Cataluña, Antoni Comín, para que formulasen las alegaciones que convengan tras la sentencia dictada por el TJUE.
