El fundamento de la recurrente fue que la CAJ no apeló sentencia contraria a los intereses de ella, vulnerándose, de esta forma, las garantías constitucionales del art. 19 n° 2 y 3 inciso 5 de la Constitución.
El Tribunal de Alzada estimó que se puso en riesgo el derecho de propiedad de los recurrentes.
El máximo Tribunal señaló en síntesis que, la circunstancia de haber prestado la recurrente servicios continuos por más de 5 años generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la recurrida.
La sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago señaló en síntesis que, el actuar de la Isapre recurrida es ilegal y arbitrario.
La Corte de Apelaciones de Concepción estimó que las clases tutoriadas es una medida lejos de ser arbitraria o ilegal.
El recurrente estimó vulnerada la garantía establecida en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política de la República.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia apelada, siendo acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sergio Pierry, quien estuvo por revocar la sentencia y rechazar el recurso en virtud de sus propias consideraciones.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que los hechos descritos en la presentación sobrepasan los márgenes del recurso interpuesto.
El máximo Tribunal señaló que la acción constitucional ha sido entablada dentro del período de treinta días contemplado en el Auto Acordado de la Corte sobre tramitación del Recurso de Protección.
La Corte de Apelaciones de Santiago estimó que se infringió el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y el derecho de propiedad del recurrido.
