que dicha conducta del órgano, implicó una vulneración a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Transparencia, como también una dilación indebida del procedimiento de acceso a la información, infringiendo con ello el principio de oportunidad que lo inspira, consagrado en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal.

Por oficio reservado N° 277 de 21 de Enero de 2013, el Sr. Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Hernán Salinas Burgos remitió a la Corte Suprema una nota de la Embajada de España por la que solicita la detención preventiva de varias personas procesadas que se encuentran actualmente procesadas por el Juzgado Central de Instrucción N°5 de la Audiencia Nacional de España, como presuntos autores de un delito de genocidio, un delito de asesinato y un delito de detención ilegal cometido en contra del ciudadano español y funcionario diplomático, don Carmelo Soria Espinoza.

Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte de un particular- acerca de la definición del concepto “legalidad vigente”, y respecto a la omisión en la entrega de una serie de antecedentes por parte de la Contraloría Regional de Tarapacá.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de la Municipalidad de Vitacura- la revisión del criterio contenido en dictamen N° 2.533 de 2013, por ser contrario al dictamen N° 71.250 de 2012 -emitido en cumplimiento de lo ordenado por sentencia de la Corte Suprema– lo que estima “debiera hacerse extensivo a las situaciones que indica”.

En el marco de la investigación de violaciones de derechos humanos acaecidas en nuestro país con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia condenatoria dictada por el Ministro señor Alejandro Solís en contra de ex oficiales de la DINA

«la Municipalidad requerida tenía la obligación de derivar a la Corporación Municipal de Educación y Salud de San José de Maipo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, por ser el órgano competente para conocer de la solicitud.»

el derecho de acceso a la información no se restringe a los actos y resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, sino que, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5º de la Ley de Transparencia, también se extiende a “…la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento..”, así también lo ha razonado de manera similar la CA, en la que ha confirmado la decisión dictada por el CPLT, relativo a la entrega de correos electrónicos.

“dichas causales de secreto o reserva resultan aplicables exclusivamente a los órganos de la Administración del Estado requeridos, y no a los particulares”

“…corresponde a un examen en un momento determinado y sobre la base de los atributos definidos por un mandante, todo lo cual dificulta medirlos en términos objetivos y supone la emisión de opiniones por parte de las consultoras dedicadas al reclutamiento de personal…, cuya claridad y asertividad es esencial para una debida prestación de sus servicios, tanto en el mundo público como en el privado, y de evidente utilidad para quienes deben decidir qué persona contratar”, constituyendo un “juicio de expertos”, difícilmente objetivable.

“de los antecedentes aportados por el reclamante, no fue posible concluir la fecha en la cual se realizaron las solicitudes de información que originaron los presentes amparos”.