No se acreditó que su entrega afecte la Seguridad de la Nación, los derechos de las personas, la vida privada ni el derecho a la honra de los funcionarios.
El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, presentó a Andrés Chadwick un documento preparado por el organismo que reúne más de 40 medidas para servir al debate sobre modernización institucional derivado de la crisis de confianza ante casos de corrupción en entidades clave para la democracia.
Se desestimaron las alegaciones de los terceros interesados.
El documento reúne una serie de medidas planteadas en distintas agendas de probidad y transparencia que se han propuesto desde la creación de la Comisión Nacional de Ética Pública de 1994 hasta el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción de 2016.
El Tribunal de alzada obliga a la entidad a cargo de las estadísticas a cumplir con la decisión del CPLT, reconociendo que se ajustó a derecho, debiendo entregar un dato aislado de la base de datos de la versión 2011-2012 de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) al solicitante.
El máximo representante del CPLT manifestó que esta audiencia -a la que fue invitado por el general Martínez- posibilitó «compartir algunos temas en los cuales hemos tenido diferencias en el pasado», de manera de establecer acciones futuras para poder mejorar estándares de transparencia.
A juicio del Consejo no se acreditaron las causales de reserva alegadas, entre ellas, la seguridad de la Nación y el interés nacional, determinándose además que la mayoría de las unidades cuya información se requirió fueron dadas de baja hace más de 30 años.
Se estimó que no se ha configurado ninguna causal de reserva que justifique denegar la información requerida.
El titular de Transparencia, explicó qué sondeos realizados por el CPLT arrojan un bajo nivel de cuidado de parte de los chilenos de sus datos personales que se levantan en ambientes digitales, no sólo a través de compras electrónicas sino también a través del uso de aplicaciones o redes sociales.
A juicio del titular del Consejo, de comprobarse la ocurrencia de un error en la identificación de una persona vía sistema de reconocimiento facial -que fue acusada por estafa-, esto «cuestiona al sistema» al no dar a la ciudadanía instrumentos que la protejan ante un tratamiento ilícito de sus datos.
