La entidad sostuvo que el derecho sobre los datos personales fue recientemente reconocido por la Constitución, pero que la Ley de Datos Personales aún no se actualiza -data de 1999- y no tiene herramientas suficientes para hacer cumplir con las disposiciones de la normativa.
El presidente del Consejo afirma que medidas como éstas «pueden generar un uso descontrolado de estas tecnologías, puesto que con el fin de evitar acciones delictuales podríamos terminar justificando que graben a cualquier persona y con cualquier excusa, vulnerando su intimidad».
Los canales digitales de denuncia fueron propuestos por el Consejo para la Transparencia en el mes de mayo a la Comisión respectiva y forman parte de las medidas destacadas en el Acuerdo por la Seguridad Pública, paquete de proyectos firmado ayer en La Moneda.
El titular del Consejo para la Transparencia subrayó también la necesidad de revisar la legislación referida a normas de secreto.
Del total de las municipalidades que informaron haber implementado estas medidas de prevención y planificación de emergencias, un 43% no lo ha actualizado en los últimos tres años.
Consejo para la Transparencia destacó que se trata de un avance su modernización, ya que permitirá dar un «salto a la modernidad» al elevar los estándares en materia de seguridad y sanciones.
Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, subrayó que desde la institución se valora toda iniciativa que contribuya a erradicar prácticas inaceptables en el ámbito público y entre privados.
Presidente del organismo sostuvo que la probidad debe seguir siendo un principio rector para los funcionarios públicos.
El Consejo sostiene que es cada vez más común que las empresas de comercio electrónico busquen recopilar datos personales de sus usuarios con otros propósitos, tales como: envío de mensajes publicitarios o conocimiento y/o definición de patrones o preferencias de consumo digital.
El Consejo relanzó plataforma que pone el Big Data al servicio del escrutinio ciudadano de audiencias, viajes, donativos de funcionarios y actividades de lobistas y gestores de interés.
