El dictamen refiere a la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control -contenida en el dictamen N° 5.236, de 2002, entre otros- refiriéndose a los concejos municipales en su rol de solicitar información, lo cual por su similitud con el tema en comento ayuda a esclarecer la consulta realizada.
El ente contralor recordó que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, en su artículo 19, N° 17, la admisión a todas las funciones y empleos públicos.
Esto, a propósito de solicitud de reconsideración de concejal de la Municipalidad de Ñuñoa, del oficio mediante el cual se representó el acto administrativo que le concedía una pensión en la ex Caja de Empleados Públicos y Periodistas.
Esto, a propósito de solicitud de particular respecto de la discriminación, a su juicio arbitraria, que la DGMN estaría efectuando en contra de la actividad agropecuaria, al permitir que ciertas autoridades fiscalizadoras, por encontrarse en áreas de cuarentena, no realicen los trámites relacionados con la compra de armas y municiones destinadas a la caza de fauna dañina y control de especies endémicas que ocasionan perjuicios a ese sector.
El ente contralor adujo esto, en la medida que se cumplan las condiciones que indica.
El ente contralor ordenó que municipio deberá reincorporar a trabajadora en sus labores, a lo menos durante el período que en que se extiende el fuero maternal, en el mismo puesto que desempeñaba a honorarios.
El ente contralor adujo que la eventual mantención del pago con ocasión de los contratos en cuestión resulta improcedente respecto de los proveedores que se acogieron a los beneficios de la Ley Sobre Protección al Empleo, toda vez que esos empleadores han optado por soluciones que les permiten dejar de pagar las remuneraciones de sus trabajadores.
Esto, a propósito de solicitud del General Director de Carabineros de Chile y el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.
El ente contralor adujo que dado el principio de igualdad que debe regir entre los proponentes y que los convenios celebrados en la situación en estudio no incluyeron el costo por concepto de las referidas cauciones, no resulta procedente que tales pactos sean modificados para incorporar dicho ítem.
Requerido su informe, el Instituto de Previsión Social adujo, en síntesis, que la pensión no contributiva del solicitante se determinó en base a la información proporcionada por Carabineros de Chile, sobre las remuneraciones del interesado.
El ente contralor adujo que corresponde al tribunal electoral regional respectivo, y no a esta Contraloría General, conocer y declarar las eventuales contravenciones al principio de probidad administrativa en que pudieran incurrir, tanto los alcaldes como los concejales.
