Conforme al principio de juridicidad tal facultad debe abordarse a través de un cambio legislativo.
Corresponde al legislador introducir las modificaciones que estime pertinentes en la normativa laboral sobre el reconocimiento de la igualdad de responsabilidades de padre y madre en el cuidado de los hijos e hijas en común.
No obstante, deberá arbitrar todas las medidas de índole preventivo para resguardar la vida, la integridad física y psíquica y la honra de sus funcionarios, las que deberán ser compatibles con la protección del interés superior del niño, en los términos anotados en el dictamen.
Los tratados no tienen plazo fijo para su ratificación, promulgación y posterior publicación. No se aplican los plazos constitucionales para promulgar y publicar las leyes aprobadas. La remisión al procedimiento de formación de la ley es solo para la aprobación de los tratados internacionales por parte del Congreso.
Los derechos fundamentales de los trabajadores representan un límite infranqueable del ejercicio de la potestad del empleador, lo que no queda restringido solo al ámbito teórico, sino que, por el contrario, tiene una aplicación a cada caso concreto como el que se plantea en la especie.
El artículo 104 B de la Ley 18.695 no permite un número superior de integrantes. Además, tampoco pueden participar otros ediles en calidad de oyentes.
Es necesario estar en presencia de alguna de las hipótesis aceptadas por el Servicio para la concesión del Bono. Y que se acompañen la copia del contrato de trabajo, el certificado de nacimiento del menor, el acuerdo entre las partes y la aceptación del bono.
Los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, a menos que un precepto legal así lo establezca.
Determinó que las pretensiones de nulidad de un procedimiento sumarial o de una anotación, de acuerdo a la doctrina asentada en los dictámenes N°2768/155 del 2002 y N°1480/47 del 2005, deberán presentarse ante los Tribunales de Justicia.
La Ley N° 18.575 permite que los servidores ejerzan libremente cualquier profesión u oficio, siempre que sea conciliable con su posición en la Administración del Estado y se desarrolle fuera de la jornada laboral para no perturbar el oportuno cumplimiento de su deber funcionario.
