Un particular solicitó invalidar un dictamen de la Contraloría que rechazó su petición ejerciendo éste, en sede civil, la acción invalidatoria contemplada en el artículo 53 de la ley N° 19.880, la que no es procedente. El Contralor tiene la facultad de interpretar las normas legales y, eventualmente, cambiar sus criterios interpretativos.

Sólo la Constitución y las leyes pueden establecer restricciones de tal entidad, por lo que la Municipalidad deberá ajustar a la brevedad su ordenanza. Confirma su dictamen N°7.157/20.

La Contraloría General de la República dictamina que la reclamante no tiene derecho al beneficio que otorga la Ley 21.409, toda vez que no desempeñó labores en el período correspondiente.

No se aprecian irregularidades en la publicación del órgano público. La Ley 18.575 le impone a los órganos de la Administración del Estado la obligación de rendir una cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria.

En dictamen N° E292.786 de 2022 el Contralor autorizó al organismo a contratar sin sujetarse al criterio señalado en el dictamen N° E173.171 de 2022.

El artículo 39 de la Ley 20.255 impide que los pensionados o imponentes de los sistemas previsionales de DIPRECA o CAPREDENA puedan ser beneficiarios de la PGU.

Si bien la UCEN aportó antecedentes errados a la Subsecretaría de Educación Superior para acceder a tal beneficio, con posterioridad rectificó los datos, los cuales no fueron considerados en el proceso.

No se advierte que el hecho de existir otra vía permita concluir que el solicitante carece de interés actual y real en la reapertura de un camino.

La Dirección del Trabajo carece de competencia para pronunciarse acerca de la implementación del subsidio estatal al empleo en trabajadores beneficiarios.

Confirma su doctrina contenida en el dictamen N° E177724N22.