La CGR sostiene que el inciso primero de artículo 6° de la Ley N° 19.669, facultó al Gobierno Regional de la XV región para integrar y participar en la formación y constitución de una corporación de derecho privado, sin fines de lucro.
El dictamen agrega que la peticionaria debe abstenerse de participar en materias en que se vea involucrada su hermana, a fin de no contravenir el principio de probidad administrativa.
La CGR concluye señalando que es dable inferir que la intención del legislador fue eximir a las funcionarias del costo del traslado especial que conlleva ejercer dos derechos diferentes entre sí.
Sostiene la CGR que, cuando existe un error de la Administración como el de la especie, que genera una situación de menoscabo que no resulta imputable a los recurrentes, no procede que estos soporten dicho perjuicio.
La CGR concluye desestimando la solicitud de reconsideración del dictamen y ratificándolo en todas sus partes.
La CGR concluye sosteniendo que en la normativa aplicable no se establece un impedimento para que se financie la adquisición de inmuebles cuyas hectáreas excedan de las consignadas en los pertinentes títulos de merced.
El dictamen el beneficio que se reclama únicamente resultará procedente en la medida que se cumplan todos los supuestos fijados en la norma.
Al efecto, el municipio en cuestión informó que, mediante dictamen de la Comisión Médica de la Región Metropolitana Nº 1 de la Superintendencia de Pensiones, declaró la invalidez definitiva total del ex docente.
La CGR concluye remitiendo la presentación y sus antecedentes a la Dirección del Trabajo, para efectos de imponer las sanciones que resulten procedentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14, inciso segundo, de la ley N° 19.880.
El dictamen concluye disponiendo que el Ministerio de Bienes Nacionales determine el futuro del bien en comento, conforme a las atribuciones que le confiere el Decreto Ley N° 1.939 de 1977.
