Al corresponder a funciones propias de sus cargos, se entiende que estas funciones son retribuidas en las remuneraciones que reciben como jefes ministeriales.
Dictamina el Contralor que en la medida que uno de los intervinientes de la recepción, envío o conversación los entregue voluntariamente en un proceso sumarial con dicha finalidad, y pueda acreditarse que se refieren o dicen relación con la presunta víctima o el presunto victimario se deben valorar como medios de prueba en sumarios administrativos.
Para lo cual, agrega el Contralor, se deberá recurrir por regla general a la licitación pública, y en casos justificados será posible utilizar las otras modalidades –licitación privada y trato directo-. También precisa que la venta estará sujeta a la fiscalización de Contraloría.
Sin perjuicio de que el Minsal es competente para determinar instrucciones especiales para este tipo de personal.
Por lo que no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 55 de la LGUC que permite excepcionalmente levantar construcciones fuera de las áreas urbanas. Además, de posibilitarse lo anterior se afectaría la Ley 21.455 que establece el principio de no regresión en materia ambiental, pues las APE son áreas de valor medioambiental.
Sin embargo, el Contralor aclara que para esto se deberá dejar expresamente estipulado que los respectivos datos solo podrán ser utilizados para los fines descritos en el artículo 10 de la Ley 19.628.
Con motivo de las alertas sanitarias por Covid-19 y viruela del mono.
Consideran que existió un mal empleo de bienes municipales, que se justifica en la cercania del Edil con el Presidente Nicolás Maduro y no en el interés de los vecinos de su comuna.
Explica el Contralor, que por decisión de la Corte Suprema dejó sin efecto el dictamen N° 14.951 de 2019, el cual establecía una preferencia a tales créditos, por lo que, en la actualidad concurren en igualdad de condiciones con otros descuentos voluntarios como los otorgados por las cooperativas.
La petición del Servicio no es posible dado que los beneficios de seguridad y remuneraciones de los funcionarios de la Administración son materias reservadas a la ley. Sin embargo, si es posible que ese beneficio se descuente de las remuneraciones de los funcionarios como alternativa lícita de financiamiento para los alimentos.
