No obstante, la prórroga de las acreditaciones de dichos programas se encuentra prevista en el artículo 58 de la ley N° 21.526 hasta el 31 de diciembre de 2027, cumpliendo con los requisitos señalados en la norma. 

El mandato legal de incluir la normativa interna de las instituciones de educación superior en los convenios que estas celebren con organismos de la Administración del Estado, no puede afectar las potestades de administración y disciplinarias de estos últimos.

No procede que la DGA modifique el listado de derechos de aprovechamiento afectos al pago de patente por no uso en razón de la renuncia de éstos formulada con posterioridad a su inclusión en dicha lista.

No se trata de una epidemia por una enfermedad contagiosa, por cuanto, la amenaza a la salud pública que se pretende abordar por medio de la alerta sanitaria es la transmisión que se produce de vector a persona, mas no entre personas.

El servicio puede aplicar en su labor interpretativa todos los elementos del derecho que estime procedentes, como el espíritu o finalidad del legislador, según la materia de que se trate y de las particularidades del caso.

Un ejemplo de dichos proyectos específicos, es el Programa de Capacitación en Oficios, destinado a la ejecución de planes de capacitación y/o formativos, a través de los establecimientos educacionales de enseñanza media administrados por la UTEM.

La normativa sobre la materia no contempla la posibilidad de incluir a los nietos del causante en representación de algún hijo fallecido para efectos de presentar esta solicitud.

Entender lo contrario significaría desconocer el derecho al descanso reparatorio a servidores que, en los hechos, desempeñaron las mismas funciones de fiscalización en la contención de la pandemia que el personal de las SEREMI de Salud.

Lo anterior, dado que el pago de la remuneración es una contraprestación del empleador (que nace por la ejecución de una labor o del servicio material o intelectual del trabajador). Sin perjuicio, los Consejeros pueden acordar con sus empleadores el pago de sus remuneraciones.

No obstante, si la Comisión de Salud institucional concluye que la salud del funcionario es apta para que continúe en servicio, el Director General de la PDI, si así lo estima, podrá declarar la salud incompatible de ese servidor, no obstante que la COMPIN haya antes opinado que su salud es irrecuperable.