Esto, a propósito de solicitud de empresa que objeta la legalidad del cobro de derechos por la “revisión de expedientes para la tramitación de permisos de instalación de torres de soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones” que se establecería en las respectivas ordenanzas de las municipalidades de Cerro Navia, El Bosque, La Florida, Lo Prado, San Felipe, La Calera y La Reina.

Esto, a propósito de requerimiento del -SAG-, que solicita reconsideración del dictamen N° 3.726, de 2019, mediante el cual se señaló que dicho servicio tiene competencia en materia de fiscalización y sanción en relación con el uso del fuego para las quemas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, específicamente en el marco de los planes de prevención y de descontaminación atmosférica que se indican.

El ente contralor adujo que la normativa legal y reglamentaria vigente estableció que Carabineros de Chile debe ejercer las funciones de fiscalización y entregar las autorizaciones respectivas, las que se aplicarán a un conserje siempre que esa autoridad determine que este efectúa labores asimiladas a guardias de seguridad.

El ente contralor adujo esto, sin perjuicio de que la entidad edilicia pueda establecer una jornada parcial inferior a esas 45 horas, si la remuneración pactada es proporcionalmente menor a la correspondiente a quienes desempeñan la misma función durante la jornada máxima.

El órgano contralor adujo esto, toda vez que se refería a la conducción de un automóvil particular, asunto que no tiene relación con el desempeño del funcionario.

El ente contralor adujo esto, teniendo como base que se han establecido cuotas anuales de captura de unidades de pesquerías ubicadas en extensas y delimitadas zonas, las que se indican en los respectivos actos administrativos.

El ente contralor adujo esto, pues el Programa College de la Pontificia Universidad Católica de Chile es de carácter terminal.

El ente contralor adujo que, en el evento que se entregue tal autorización, el servicio debe velar por el resguardo del patrimonio público -como lo es un vehículo institucional-, requiriendo las pertinentes cauciones a quienes los conduzcan.

El ente contralor adujo esto, sin perjuicio de que dicha Superintendencia debe fiscalizar que ello se ajuste a las reglas previstas por el legislador.

El ente contralor adujo esto, sin perjuicio de que dicha Superintendencia debe fiscalizar que ello se ajuste a las reglas previstas por el legislador.