El dictamen concluye que la Contraloría General carece de competencia para la revisión de la tabla de viáticos que impugna el requirente.
El empleador tiene la obligación de descontar de las remuneraciones del trabajador las sumas por créditos sociales adeudados a las cajas de compensación.
El organismo informó que se rechazó la solicitud de la recurrente, ya que no presentó todos los antecedentes necesarios para acceder a ello.
El dictamen advierte que una serie de disposiciones de la ordenanza en análisis se apartan de la LGUC en cuanto a las definiciones que contienen.
La Contraloría General sostiene que la respectiva contratación debe contar con el financiamiento suficiente para atender el pago que se requiera para su desarrollo.
El alcalde se encuentra facultado para transigir judicial y extrajudicialmente, previo acuerdo del concejo municipal.
La CGR hace presente que el cambio de jurisprudencia introducido, por razones de resguardo del principio de certeza jurídica, únicamente se aplica hacia el futuro.
El dictamen sostiene que se contravino lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la resolución N° 1.600, de 2008, de ese órgano contralor.
Lo pretendido a través de los actos recurridos es evitar que al interior de las comunidades escolares los niños y las niñas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex puedan ser discriminados.
El otorgamiento de la referida asignación está vinculado al ejercicio de un cargo que suponga el desarrollo efectivo de funciones directivas o de jefatura.
