El pronunciamiento recuerda las normas que aplican a los conflictos de interés entre funcionarios públicos y personas o empresas proveedoras del Estado, las inhabilidades para contratar, la Gestión de Contratos y los manuales de procedimiento.
Si los fiscalizadores realizan visitas domiciliarias o labores inspectivas en el desempeño de su cargo, para lo cual incurren en gastos de traslado, corresponde que se mantenga el pago de la asignación de movilización.
El artículo 53 del Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la PDI se encuentra derogado tácitamente desde la entrada en vigencia del artículo 142 bis del estatuto del personal policial.
Con el objeto de que puedan ser consultados por todas las personas que tengan interés en ello.
Asimismo, deberá adoptar las medidas pertinentes para disponer el pago de las remuneraciones que ha dejado de percibir durante el tiempo en que se ha visto indebidamente alejada de la institución.
Al tratarse de un beneficio concedido voluntariamente, radica en la Municipalidad la atribución de establecer las finalidades del mismo, así como los requisitos y condiciones de su otorgamiento.
El organismo no está facultado para intervenir ni informar sobre asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia o que hayan sido fallados por estos.
Las bases que rigieron la licitación reclamada establecieron una forma de evaluación distinta según si los proveedores contaban con los bienes en plaza o debían importarlos.
Ley N° 21.353 solo consideró medidas tributarias para apoyar a este grupo de empresas.
Es de conocimiento público que el programa recae en un territorio afectado por hechos de grave alteración del orden público, por ende, todos los funcionarios del INDH que tomen conocimiento de la identidad de quienes accedieron a ser entrevistados deben guardar reserva de tales identidades.
