Indica la CGR que no procede extender los beneficios que aquellas regulan a situaciones distintas, en tanto el legislador no las contempló.
No corresponde que se incorpore en cualquier época la imagen de la autoridad edilicia como una práctica reiterada asociada a la difusión de las actividades municipales.
ENAP debe, necesariamente, respetar el principio constitucional de probidad, consagrado en el artículo 8° de la Carta Fundamental, indica la CGR.
La Contraloría concluye manifestando que al denegar el aludido permiso, la entidad policial actuó conforme a la respectiva preceptiva jurídica.
Es deber del SEA informar a la SMA de la ocurrencia de situaciones irregulares, con el propósito de que ésta adopte las medidas o aplique las sanciones que en derecho correspondan.
Se sostiene que la empresa CODELCO se encuentra actualmente sometida a la fiscalización de la Contraloría.
Señala el Contralor que la suspensión a que se refiere el artículo 10 de la ley N° 20.249, no se aplica al procedimiento de evaluación ambiental.
Tanto la calificación en Lista N° 2, como la incorporación del reclamante en lista anual de retiros del Ejército en el año 2016, se ajustaron a derecho.
El organismo requirente deberá dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Contraloría mediante el oficio N° 24.143 de 2015.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones se abstenga de incorporar en los respectivos lineamientos una regulación de esa naturaleza.
