La Magistratura constitucional colombina adujo que el Decreto Legislativo no desconoce la prohibición de arbitrariedad durante los estados de excepción; no afecta ninguno de los derechos fundamentales intangibles y su contenido no contradice ninguna norma constitucional.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García, Romero, Pica y de la Ministra Silva, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento.

El decreto tenía por objeto autorizar al Ministerio de Salud para que adelantaran ciertos trámites relacionados con la importación y fabricación local de medicamentos y productos que se necesitan para prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad Covid-19.

La gestión pendiente incide en autos penales de procedimiento simplificado por delito de conducción en estado de ebriedad, de que conoce el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

El impuesto, que busca recursos para tender la pandemia, implica que a los trabajadores del sector público que ganen más de $10 millones se les descuenta un 15 % de su salario.

El fallo determina que la diferencia no radica en si se trata de personas homosexuales o heterosexuales, sino en que la institución matrimonial en Chile es una unión entre hombre y una mujer, por lo que una persona homosexual puede contraer matrimonio en Chile si lo hace con una persona de sexo opuesto.

Asimismo, el Decreto contempla medidas en materia de seguridad social, la promoción de la generación de actividades y de proyectos creativos en las artes escénica y flexibilizar las condiciones de acceso a beneficios tributarios concretos en el sector cinematográfico.

El fallo fue acordado con el voto disidente del Ministro García Pino, quien estuvo por acoger parcialmente el requerimiento.

El máximo Tribunal de Brasil adujo que, sin perjuicio de ello, es necesario resaltar el cumplimiento de una eventual orden judicial, aun cuando el destinatario sea el propio Presidente de la República.

La Magistratura constitucional colombiana adujo que si bien existen casos excepcionales en los que podría otorgarse una indemnización mayor a la señalada como regla general para los perjuicios morales, esta excepción exige la verificación de circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral.