Lo anterior, por cuanto sería la aplicación de aquel acto administrativo, dictado en cumplimiento del mandato legal contenido en la Ley Nº 19.300 -entre otros, en su artículo 25 impugnado-, el que directamente podría derivar en una eventual infracción de las garantías constitucionales invocadas al regular las condiciones o exigencias específicas o concretas que, para poder ejecutarse, debe cumplir el proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por parte de Aguas Andinas S.A.

El TC no acogió a tramitación el requerimiento, al concluir que aquél no contiene una impugnación cuyo objeto sea la declaración de inaplicabilidad de un precepto de jerarquía legal, cuya aplicación en la gestión pendiente seguida ante el respectivo tribunal ordinario resulte contraria a la Carta Fundamental, pues la impugnación se dirige en contra de […]

Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional el artículo 1º de la Ley Nº 19.989, en relación a un proceso administrativo iniciado por solicitud o requerimiento ante el Tesorero General de la República que se encuentra en trámite ante el mismo organismo referido.La acción no fue acogida a tramitación al no cumplir con la exigencia según […]

Se solicitó declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 386 y 387, inciso segundo, del Código Procesal Penal, en relación a una causa criminal por el delito de incendio que se sigue ante un TOP de Angol y que actualmente conoce la Corte de Apelaciones de Temuco por la interposición de un recurso de […]

La gestión pendiente invocada es un proceso administrativo iniciado por solicitud ante el Tesorero General de la República que se encuentra en trámite ante el organismo referido.

La sentencia cita lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, para poner de relieve que al requerimiento deberán acompañarse, en su caso, copias íntegras “de los instrumentos, escritos y demás antecedentes invocados”.

La inconstitucionalidad es una contradicción entre normas, no entre la decisión de un juez y la que se estima más adecuada, ya que para reclamar por la posible aplicación errónea o equivocada de disposiciones legales existen los recursos procesales, razona la sentencia.

El libelo reprocha al juez de la causa haber “efectuado una errada interpretación” de la citada disposición, impugnando la no recepción de la causa a prueba en la gestión judicial pendiente.

La gestión en la que incide el requerimiento es una acción de protección rechazada por la Corte de Iquique y apelada para ante la Corte Suprema.

La inadmisibilidad del requerimiento fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Baeza quien estuvo por acogerlo a tramitación.