Se dedujeron dos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso final del numeral 1° del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en su texto anterior a la entrada en vigencia de la Ley N° 20.219.El precepto cuya aplicación se impugna dispone: “Se incluyen en este número las rentas que obtengan, […]

«de aplicarse la preceptiva impugnada se infringe el artículo 8° de la Carta Fundamental, en la medida que se establecen motivos de secreto sin causa legal y mediante actos infralegales».

la preceptiva impugnada se vulneran las reservas de ley las disposiciones contenidas en los artículos 19 N° 20 y 63 N°s. 2 y 14, en el artículo 65 inciso cuarto N° 1, en relación a los artículos 6° y 7°, todos ellos de la Constitución Política

de aplicarse el precepto impugnado se vulneran sus garantías constitucionales, en específico, las de la igualdad ante la ley y las del racional y justo procedimiento, además de los artículos 1° a 4° de la Carta Fundamental, al impedir que se recurra respecto del segundo juicio oral.

La parte que goce de privilegio de pobreza en el juicio, no estará obligada a efectuar depósito previo alguno.

«aún encontrándose pendiente el procedimiento principal sin que las excepciones hayan sido resueltas, la Tesorería ha procedido a retener la devolución anual de impuesto a la renta de la requirente, para luego compensar dichas sumas con las que son objeto de cobro a través del procedimiento principal».

La jueza requirente estima que la aplicación de la preceptiva impugnada podría vulnerar las garantías constitucionales referidas a la igualdad ante la ley, la supremacía del interés superior del niño y el derecho a la identidad, reconocidas explicita e implícitamente, conforme al artículo quinto de la Carta Fundamental, en relación con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en la medida que los presuntos hijos no podrían accionar o podrían hacerlo en el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la ley, lo que no ocurre en el caso sub-lite.

estima que la aplicación de la norma cuestionada vulnera sus garantías constitucionales, en particular, los derechos a la igualdad ante ley y el racional y justo procedimiento, por la imposibilidad de acceder a una revisión de la resolución por un superior jerárquico, existiendo solo la posibilidad de apelación por parte del Ministerio Público, facultad que es de carácter discrecional y que priva a la parte querellante para ejercerla en igualdad de condiciones.

«mediante las normas impugnadas se pretendería sancionar con la pérdida de la función pública una conducta que ya fue sancionada con la suspensión de dicha calidad».

«la resolución de los recursos, en caso de ser revocatoria y favorable a los intereses de la requirente, será extemporánea en el evento que se pronuncie con posterioridad al lanzamiento ordenado en autos».