El precepto legal en la parte impugnada ordena “dictar en el plazo de los tres días subsiguientes” la sentencia.La gestión pendiente invocada incide en autos sobre denuncia de obra nueva minera de que conoce el Juzgado de Letras de Pozo Almonte.El requirente estima que de aplicarse la norma reprochada se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre […]

«efectúa un trato diferenciado, al prohibir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en determinadas zonas del país, excepto cuando los solicitantes sean pequeños productores agrícolas, campesinos, indígenas o comunidades indígenas, es decir, respecto de estos sectores, se privilegia por sobre los demás sin justificación alguna, sobre todo si los requisitos exigidos por la ley N° 20.017, se referían a una característica del objeto pedido, y no a una característica de los solicitantes, a diferencia de lo que ocurre con la Ley N° 20.411, que si lo hace».

«al ser una carga manifiestamente desproporcionada, aplicándose de manera arbitraria y discriminatoria, puesto que en el caso particular el interés cobrado por el Fisco triplica el máximo interés convencional que nuestro sistema jurídico y económico ha considerado como el legítimo que se puede cobrar sin caer en el delito de usura».

«la norma establece un régimen que discrimina a las concesionarias de suministro de electricidad, por cuanto la obliga a asumir responsabilidad por el obrar de otros y es la única que así debe efectuarlo».

«el precepto impugnado al limitar las indemnizaciones pecuniarias concediéndolas sólo cuando resulte acreditado el respectivo daño emergente o el lucro cesante, impide el íntegro resarcimiento del daño efectivamente ocasionado, por expresiones contrarias a su honra»

La aplicación del precepto cuestionado produciría un efecto abiertamente inconstitucional, a juicio de la recurrente, debido a que presume la culpabilidad de quien se ha negado, sin causa justificada, a realizarse el examen de alcoholemia, vulnerándose el derecho a la presunción de inocencia, la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal y la prohibición de discriminaciones arbitrarias.

El requirente estima que la aplicación en el caso sublite del precepto legal impugnado produce efectos inconstitucionales, en la medida en que se dio por válida una notificación realizada en un sitio desocupado, lo cual otorga un exorbitante privilegio procesal al Fisco, afectando diversos principios y garantías que componen el derecho al debido proceso, al tiempo que este indebido proceso perturba también el derecho de propiedad de la requirente.

El precepto legal dispone “…se aceptará como gasto la remuneración del socio de sociedades de personas y socio gestor de sociedades en comandita por acciones, y las que se asigne el empresario individual, que efectiva y permanentemente trabajen en el negocio o empresa, hasta por el monto que hubiera estado afecto a cotizaciones previsionales obligatorias. […]

«Esta vulneración se configura al haberse excluido, por un acto voluntario del Ministerio Público, la totalidad de la prueba recabada legítima en la fase investigativa, por lo que no se dio cumplimiento al principio de inmediación en la fase del juicio oral, obteniéndose la condena a partir de prueba documental “reconstituida” por parte del ente persecutor y presentada en la audiencia de juicio oral».

«de aplicarse la norma impugnada, se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre otras, el principio non bis in idem, ya que se sanciona dos veces un mismo hecho, teniendo en cuenta que ya fue en una oportunidad dicha conducta infraccional debidamente sancionada por el órgano competente para ello, por medio de la aplicación de la multa y luego de la suspensión de la licencia de conducir que el mismo Tribunal decretó conforme a dicha falta».