La gestión pendiente invocada incide en un procedimiento de consulta seguido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) iniciado en Enero de 2011.
Las gestiones pendientes invocadas inciden en procesos sobre acumulación de infracciones a la Ley de Tránsito pendiente de resolución ante el Juzgado de Policía Local de Lo Barnechea y de Las Condes.
En su resolución, el tribunal de alzada sostiene que de aplicársele la norma impugnada se podrían lesionar –entre otras garantías- el derecho a la vida no pudiendo ésta prosperar o desarrollarse adecuadamente al ser suprimido o interrumpido el suministro de agua potable.
El requirente estima que la aplicación de la norma impugnada vulnera -entre otras garantías constitucionales- la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la libertad personal y la libertad económica, por cuanto la persona que fue condenada al pago, no era quien se encontraba obligada al mismo, sino que otra empresa.
La gestión pendiente invocada es un juicio ordinario laboral de restitución de cobros indebidos de pensiones seguido ante un Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, en el que se encuentra pendiente de resolución un recurso de casación en el fondo que conoce la Corte Suprema, donde se impugnó la sentencia que desestimó la demanda por encontrarse prescrita la acción.
La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en la forma y apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el los cuales se impugna la sentencia que condenó a Entel a reembolsar las sumas de dinero que corresponden al costo del traslado de las instalaciones que mantenía en bienes nacionales de uso público.
La gestión pendiente invocada incide en una reclamación tributaria pendiente de resolución ante el Tribunal Tributario de la ciudad de Temuco.
«…por cuanto se establece un requisito previo a la interposición de acciones judiciales derivadas de perjuicios sufridos a consecuencia de prestaciones médicas, lo que establece una diferencia entre los titulares de derechos derivados de perjuicios producidos por prestadores de otros servicios, ya que éstos no están obligados a realizar la mediación mencionada».
Estiman que de aplicárseles las normas impugnadas se vulnera la igualdad ante la ley, como también la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por cuanto se les veda de ejercer su derecho a la identidad, privándolos de las acciones procesales para tales efectos.
La gestión pendiente invocada incide en sendos recursos de casación en la forma y en el fondo seguidos ante la Corte Suprema, mediante los cuales se pretende anular una sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca referida a un reclamo de liquidación tributaria.
