Norma sobre tasaciones de inmuebles sujetos a remate, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que se le obliga a vender el inmueble a un precio injusto, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que se le obliga a vender el inmueble a un precio injusto, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente, imputado en el proceso penal, alega que se vulnera el debido proceso y el principio de legalidad.
La requirente, imputada en el procedimiento penal, estima que el hecho que el juez deba apreciar la prueba en conciencia en el caso concreto vulnera sus garantías constitucionales.
El requirente, liquidador en el procedimiento concursal, estima que tal distinción es arbitraria y contraria a la garantía de igualdad ante la ley.
El requirente, una empresa de seguridad, alega que se transgrede su garantía al debido proceso, puesto que se le impide arbitrariamente que un tribunal superior conozca de una resolución atentatoria de derechos.
El requirente alega que el precepto legal no contiene criterios mínimos para la determinación de la multa a aplicar, lo que vulnera los principios de legalidad y proporcionalidad.
El municipio estima que aplicarle dicho precepto afecta su autonomía como ente municipal y desconoce la normativa especial aplicable en la materia.
El requirente alega que la restricción no encuentra fundamento razonable e infringe sus derechos a la igualad ante la ley, debido proceso y propiedad.
El requirente alega que se vulnera su garantía al debido proceso, puesto que la disposición no contempla una forma de ejecutar las resoluciones adoptadas en su contra.
Los trabajadores requirentes alegan que la aplicación del precepto impugnado agrega trabas improcedentes a la posibilidad de recurrir de nulidad.