Norma que impide interponer recurso de queja en contra de ministros de la Corte Suprema por sentencia dictada en recurso de protección, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente estima que se afecta su garantía al debido proceso, pues no puede defenderse de una sentencia que considera abusiva y atentatoria de derechos.