Norma que niega recurso de apelación en el juicio ejecutivo laboral, se impugna nuevamente ante el Tribunal Constitucional.
La requirente estima que el precepto legal impugnado vulnera la garantía constitucional del debido proceso.
La requirente estima que el precepto legal impugnado vulnera la garantía constitucional del debido proceso.
La requirente estima que transgreden los límites del principio de publicidad y vulneran su derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
La requirente estima que los preceptos legales impugnados vulneran las garantías constitucionales del debido proceso y la no discriminación arbitraria.
Afecta la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.
El requirente estima que los preceptos legales objetados vulneran la igualdad ante la ley, el principio de irretroactividad, el principio de legalidad y la esencia del derecho de libertad condicional.
La requirente estima que el perjuicio causado sólo es reparable con la invalidación del fallo por la vía del recurso de casación en la forma y que al negarse su interposición se vulnera el derecho al recurso.
Puede ser interpretada de forma muy amplia al no señalar a qué tipo de indemnizaciones se refiere.
Afecta la garantía de la igualdad ante la ley, el debido proceso, el principio de proporcionalidad, el derecho de propiedad y la seguridad jurídica.
El precepto legal objetado, al no permitirle a la Corte de Apelaciones concederla afecta flagrantemente la garantía del debido proceso y el contenido esencial de esa garantía.
El requirente estima que los preceptos legales impugnados manifiestan una especial infracción a la garantía de un justo y racional procedimiento.