La requirente alega que esta prescripción de corto plazo es arbitraria y atenta contra la igualdad ante la ley, el derecho de acceso a la justicia, propiedad, entre otras garantías.
El requirente alega que el precepto legal cuestionado infringe el principio de igualdad ante la ley y su garantía a un debido proceso.
El requirente alega que el precepto legal cuestionado infringe su garantía de un debido proceso y su derecho a recurrir ante una resolución abusiva.
Diputadas y Diputados requirentes no habían designado abogado que asumirá el patrocinio y poder, ni acompañaron copias íntegras de antecedentes relevantes sobre la tramitación legislativa del proyecto de ley.
El requirente estima que el precepto legal cuestionado afecta gravemente su derecho al recurso, a defensa, y al desarrollo de un proceso racional y justo.
El requirente estima que el precepto legal impugnado atenta gravemente contra su derecho a ejercer la acción penal y al desarrollo de un proceso racional y justo.
La requirente estima que la reducción “prudencial” del mínimo de la subasta resulta discriminatoria y desproporcionada.
El requirente alega que la aplicación de las normas impugnadas transgrede el principio de presunción de inocencia, puesto que el sentenciador desde el inicio del procedimiento lo asume culpable, lo que se acentúa considerando que él también es responsable de la investigación de los hechos.
El requirente estima que la aplicación de las normas impugnadas atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso.
El requirente, Marco Enríquez-Ominami, estima que los preceptos legales cuestionados atentan gravemente a sus garantías fundamentales, como son su derecho a la integridad física y psíquica, la libertad personal y de movimiento, y a la libertad de trabajo y económica.
