Se vería impedida de alegar la falta de fundamentación del fallo recurrido, cuya omisión, causaría la indefensión de la requirente.
Argumenta que la aplicación de los artículos objetados es objetivamente incompatible con la presunción de inocencia y con la exigida certeza más allá de una duda razonable para condenar a un imputado.
Al resolver no dar lugar a la apelación deducida, se le impide a la requirente a acceder a la segunda instancia.
La norma prohíbe decretar el abandono del procedimiento lo que significa, en la práctica, que el juicio de Cobranza Laboral y Previsional podría durar indefinidamente.
El recurso de apelación concedido en el sólo efecto devolutivo conlleva al inminente peligro de provocar el doble pago de una deuda ya extinguida hace más de dos años.
Revelar sin más el contenido de las cámaras corporales al amparo de la norma cuestionada, implicaría preferir a todo evento la entrega de información no amparada por el artículo 8° de la Constitución con total olvido de las causales reconocidas en esa disposición.
Los mandatarios designados por el requirente han quedado excluidos de la tramitación de la causa, no han sido citados a las audiencias y a las gestiones que se han practicado y tampoco han sido emplazados a efectos de evacuar los trámites de un procedimiento.
Se establecería una distinción notoria, pues no procede la institución del abandono del procedimiento para el querellado en materia de acción penal privada mientras dure el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, pero, por otro lado, en la generalidad de los procedimientos, los demandados pueden oponer el abandono del procedimiento una vez cumplidos sus requisitos.
Al no permitir a la requirente objetar la liquidación del crédito por un motivo diverso al de errores matemáticos, y luego recurrir ante un tribunal superior en caso de ser agraviante la resolución que resuelva la objeción del crédito, el procedimiento en el cual se le juzga no sería racional ni justo.
Se infringiría la igualdad ante la ley, toda vez que se discriminaría en favor del Ministerio Público y en desmedro de los demás intervinientes del proceso penal.
