No se constató la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, la cual, por el contrario, mediante los actos impugnados, ha intentado dar respuesta a la situación planteada, disponiendo una solución razonable.
Cualquier profesional en la misma situación que la recurrente sería acreedora del pago del estipendio, por lo que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley.
El artículo 84 del Código de Procedimiento Civil autoriza al juez para corregir de oficio los errores que observare en la tramitación del proceso, y adoptar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos procesales, rectificando de este modo los yerros en que se ha incurrido.
La emisión de ruidos por sobre la norma genera molestias auditivas superiores a las propias de una actividad de construcción, lo que, a su vez, afecta de manera ilegítima el buen vivir de los recurrentes.
Las resoluciones de la recurrida se tornan arbitrarias, desde que no se ha dado cumplimiento al deber de fundamentación que exige el artículo 41 de la Ley 19.880, provocando que no se basten a sí mismas e impidan su total entendimiento al afectado.
Si la expropiación recae en tierras indígenas la indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado debe considerar el efecto “desplazamiento territorial” en los términos del Convenio 169 de la OIT.
La SMA es una institución a cargo del seguimiento y fiscalización de instrumentos de gestión ambiental, la que debe recibir las denuncias que cualquier persona presente, debiendo informar sobre los resultados en un plazo no superior a 60 días hábiles.
Considerando lo previsto en el artículo 5° del Código del Trabajo es posible concluir que la reserva es un acto unilateral y privativo del trabajador que no requiere la voluntad de terceros.
Al no prestar el servicio de manera correcta, errar en el diagnóstico y negar la hospitalización a la recurrente, ésta sostiene que la recurrida no cumplió con el mandato constitucional de protección a los derechos fundamentales de la paciente.
Las recurrentes dedujeron la acción por haberse iniciado la construcción en un territorio indígena y de interés turístico, supuesto que a su juicio requiere de una declaración o estudio de impacto ambiental.
