La Administración no ha adoptado tempranamente medidas conducentes a evitar las consecuencias perniciosas a las que se enfrenta un grupo específico de habitantes, declara la Corte Suprema.
Los hechos denunciados demuestran la insuficiencia de las medidas puestas en práctica, toda vez que un grupo considerable de la población sigue viéndose privadas de ejercer las actividades sociales y económicas desarrolladas hasta ese entonces.