La recurrente sostiene que la respuesta de AFP Habitat ha vulnerado su derecho de propiedad y lo priva de poder disponer libremente de sus bienes.
Las entidades bancarias, en la oferta y ejecución de las operaciones enumeradas en el artículo 69 de la Ley General de Banco deben respetar parámetros mínimos previstos en la Ley N°19.946, dentro de los que figura no ser discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores de bienes y servicios.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e insuficiente de las autoridades recurridas para hacer frente a los hechos delictivos que se reiteran en la zona sur del país.
Es deber del Estado velar por la dignidad e igualdad en el trato a las personas transgénero, porque la identidad de género constituye un elemento intrínseco de la naturaleza humana y, como tal, constituye una garantía fundamental que no puede ser renunciada o desconocida por ninguna persona.
Los hechos denunciados demuestran la insuficiencia de las medidas puestas en práctica, toda vez que un grupo considerable de la población sigue viéndose privadas de ejercer las actividades sociales y económicas desarrolladas hasta ese entonces.
Es indiscutible la afectación de garantías constitucionales que los actores invocan, quienes dieron cuenta de una perturbación permanente de sus condiciones de vida y una amenaza a su seguridad, integridad física y salud.
La recurrente solicitó se ordene al Municipio dar cumplimiento efectivo a su labor fiscalizadora en orden a prevenir las tomas de terreno en la Quebrada Cabritería, junto con la reubicación de las tomas ya instaladas en el terreno.
Se omitió la citación previa al interesado, establecida por el artículo 53 de la Ley N°19.880, cuya inobservancia ha significado para aquel ser objeto de una decisión ilegal y arbitraria desde que no tuvo la oportunidad de ejercer a cabalidad sus derechos.
La actuación denunciada, no contiene sino la ratificación de lo establecido expresamente en el artículo único de la ley N°21.199, y la vigencia de dicha disposición de conformidad a lo mandatado por el artículo 9 del Código Civil.
No concurre omisión ilegal o arbitraria alguna por parte de la Armada que haya vulnerado la garantía constitucional alegada.
